A las 2:14 de la tarde del miércoles 11 de abril de 2012, la corte de distrito de Texas, División de El Paso, emprendió el camino que llevará en México a la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, y su eventual extradición a una prisión en aquel estado norteamericano.

No es casualidad que la investigación, la averiguación previa en una corte de la Unión Americana haya sido emitida y hecha pública en los Estados Unidos y México, acaso abona a la persecución del capo y la presión a la autoridad mexicana para su aprehensión y posterior consignación.

El hecho aporta elementos además para el fortalecimiento de la leyenda urbana que se teje en el ideario colectivo sobre la detención que presumen el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hizo del mafioso, pero que ha decidido por razones más políticas que de seguridad nacional mantener en privado para darla a conocer en un punto de la campaña política 2012 cuando más provecho pueda sacar de ello para su candidata y partido, y que acaso tendría el mismo efecto para la propia campaña que actualmente se lleva a cabo en la Unión Americana donde el presidente Barack Obama busca su reelección.

La lógica indicaría que el de Sinaloa no ha sido detenido; después de todo, una acción como esa es la que necesita el presidente Calderón para darle sentido a la lucha que contra el narcotráfico inició en enero de 2007 y que contabiliza ya, más de 60 mil personas ejecutadas en ese periodo. Sin embargo, en política todo es posible.

La realidad, o al menos lo comprobable es que la emisión de la investigación de la corte texana significa que «El Chapo» será detenido en un tiempo razonable. La sustentación jurídica para detenerlo ya está aún cuando se encuentre en otro país, y que ello signifique a su vez la inminente extradición del capo a un penal de donde se supone no podrá escapar como lo hizo de Puente Grande el 19 de enero de 2001.

Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia ha hecho lo que la autoridad mexicana no ha querido, podido o emprendido: documentar la actividad criminal de Joaquín Guzmán Loera y los principales miembros del cártel de Sinaloa, para acusarlos de manera directa, puntual y detallada de por lo menos 22 cargos por la comisión de distintos delitos. Entre ellos:

Posesión de sustancias controladas en cantidades mayores a los cinco kilos de marihuana y los mil kilos de cocaína; conspiración para importar a territorio estadounidense dichas sustancias controladas; conspiración para lavado de dinero; conspiración para la posesión de armas de fuego y utilizar las mismas en crímenes y asesinatos para contribuir y continuar con el tráfico de droga.

Además, la comisión de crímenes violentos como asesinatos y secuestros para mantener y continuar con la actividad criminal y el tráfico de droga. La corte texana lo acusa también de realizar una consistente actividad criminal para sostener el tráfico de droga, conspiración para asesinar en otro país, y secuestrar.

La acusación fue directa para 24 personas, grupo encabezado precisamente por Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera e Ismael «El Mayo» Zambada García, ambos identificados como líderes del cártel de Sinaloa en igualdad de responsabilidad criminal. La definición del cártel para la corte de Texas: “…cuyos fines son el tráfico de cocaína y marihuana, la comisión de actos de violencia que incluyen el secuestro, la tortura, y el asesinato de aquellas personas que pierden o roban droga de la organización criminal, de aquellos que son vistos como enemigos del cártel”.

Aparte de definirlos también como compañeros de delito, la autoridad norteamericana los ha analizado como un grupo cohesionado que busca la satisfacción económica, social y familiar de sus miembros a partir de la comisión de delitos. Es decir, el bien particular sacrificando el bien general de un país y una población. Los aliados en la tarea criminal del cártel de Sinaloa son identificados como por lo menos tres grupos: Gente Nueva, los Artistas Asesinos y los Mexicles. Entidades criminales externas que apoyan con sangre, muerte y narcotráfico, para mantener el poderío del cártel de Sinaloa.

La directa acusación de la corte en Texas, contrasta con la falta de trabajo –y de resultados– de la Procuraduría General de la República, que no ha podido judicializar los casos de los criminales más buscados por los gobiernos de México y los Estados Unidos, y menos proveer información a los mexicanos, sobre los delitos que éstos han cometido, sus nombres, sus caras y sus asociados.

Cuando a algún procurador General de la República se le ha preguntado por el estatus en la investigación contra «El Chapo» o contra cualquier otro narcotraficante de ese nivel, invariablemente la respuesta ha sido que no pueden proporcionar información ni proveer datos sobre los delitos y las personas, porque ello entorpecería la investigación.

Bien, una vez más una corte extranjera dio cuenta que eso no es verdad. De hecho, la intensión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al hacer pública esta información es no sólo presionar al gobierno mexicano para la captura de «El Chapo», sino identificar ante la sociedad al enemigo número uno del Estado y sus cómplices. Informar a la población sobre los delitos violentos que un hombre y su grupo han cometido, es marginarlo de una sociedad lastimada por la inseguridad y la violencia.

La liberación de información concerniente a la actividad criminal de una persona beneficia a la sociedad en tanto sabe del peligro al que se enfrenta si ve, reconoce o se encuentra en el entorno del sujeto en cuestión, y le aporta a la certeza del ejercicio de la justicia o del proceso de la misma. Ocultar lo que es deseable, en este caso que nuestras autoridades persigan al capo más rico del mundo, crea un ambiente de impunidad en México. Que Estados Unidos haya dado el primer paso para la inminente captura del narcotráficante que se sabe, está en territorio mexicano, es el inicio de la presión para la administración federal encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, su procuradora, Marisela Morales Ibarra, el secretario de Seguridad y los titulares del Ejército y la Marina, metidos por decreto presidencial a la lucha contra el narcotráfico.

Ahora mismo resultaría importante que la Procuraduría General de la República, como lo hizo la corte en Texas, diera a conocer la investigación que sigue para la captura de Joaquín Guzmán Loera, no sólo para demostrar que algo se acciona en busca de minimizar la impunidad, sino para demostrar que el compromiso por la seguridad del país y los mexicanos es real. Y que ciertamente el combate al crimen organizado es un asunto que compete a los dos países, y que el Estado mexicano no dejará solo al norteamericano.

En pocas palabras, el gobierno de Felipe Calderón tiene la oportunidad de acabar con la simulación e iniciar la real persecución judicial del más buscado.

Adela Navarro Bello

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